IAFEP: Romero Castelán amplió pruebas sobre el programa fantasma de reciclaje
El diputado de Juntos por el Cambio, Francisco Romero Castelán, llegó hasta la sede de la Fiscalía de Coordinación para ampliar las pruebas de la denuncia que realizara hace un tiempo contra el expresidente del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), Mauro Andión, y su alter ego Laura Moreno, por quienes pide que se investigue los delitos de fraude contra la administración pública y administración infiel en lo que fue la administración del programa “Reci todos”, que en su espíritu estaba pensado como una propuesta de reciclaje mediante inyección de recursos a organizaciones piqueteras que nunca se concretó.
“En el decreto de creación se fijaban que se recuperarían unas 300 toneladas mensuales de materiales reciclables pero resulta que no existe una foto de que se haya recolectado cartones o plásticos”, expresó el diputado.
Además de la ausencia de elementos que validen el correcto uso de los fondos públicos, el diputado agregó que también la discriminación estaba presentes a partir de que, con criterios que nunca se establecieron en la reglamentación del programa, existían organizaciones que recibían hasta dos o tres veces más de recursos para hacer saneamiento ambiental en superficies menores o idénticas de otras entidades.
“Se intentaba beneficiar o proteger a determinadas cooperativas, unas podías recibir un millón de pesos mientras que otras solo 50000 pesos por realizar idénticas tareas”, expresó.
Esquema de corrupción
El legislador explicó que la matriz del desvío de recursos para beneficio propio de los exfuncionarios o de terceros en el caso de los líderes piqueteros se explica en que la organización externa que fue puesta a auditar el programa no cuenta con los recursos humanos suficientes para hacer una evaluación seria.
Para ello, señaló que la Asociación de Profesionales, Técnicos Industriales del Chaco (APITCH) contaba cuando funcionaba “Reci todos” con solamente cinco profesionales que debía constatar el funcionamiento de 800 instituciones, una tarea humanamente imposible. “Fue un programa pensado para generar un esquema de corrupción sistemática a partir de la ausencia de controles serios”, expresó.
Para hacer hincapié en el argumento, Castelán indicó que la información que recibía la APITCH era absolutamente limitada y parcial porque Andión y Moreno lejos de proporcionarle el total de organizaciones que recibían recursos solo le hacían llegar un porcentaje muy menor y de las que menos dinero recibía.
Finalmente, el parlamentario agregó que prueba de los desmanejos y de la impunidad que se creía que ostentaban Andión y Moreno desde que el exgobernador Jorge Capitanich perdiera las elecciones los pagos a las organizaciones sin ningún tipo de control de contraprestación se multiplicaron.
“Evidentemente la intención era vaciar de recursos a la gestión entrante, como se hizo en todas las áreas del Gobierno, confiamos en la Justicia que ya dio un primer paso en una causa paralela para que la corrupción y el robo de los recursos públicos tengan responsables”, cerró.
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