Bioquímicos piden intervención de Personas Jurídicas por presuntas irregularidades en el Colegio
Un grupo de asociados denunció una serie de irregularidades de la actual gestión del Colegio de Bioquímicos del Chaco y pidió la intervención de la entidad por parte de la Inspección General de Personas Jurídicas, a cargo del contralor de la misma. La denuncia lleva las firmas de los bioquímicos Gerardo De Luca, Adriana Gazzo, Elsa Martínez Quiroga, Luis Lugo y Natalia Lugo, y apunta a una serie de irregularidades.
La primera irregularidad que debió ser judicializada obteniendo un fallo favorable es la negativa de la entidad a informar a sus asociados sobre los contratos de prestaciones de servicios con obras sociales y prepagas. De la información que debió suministrar el Colegio a partir de una sentencia judicial se constató que la mayoría de los convenios con obras sociales y prepagas se encuentran vencidos.
Otra de las irregularidades denunciadas tiene que ver con la habilitación de un laboratorio para la realización de prácticas no autorizadas, como estudios de biología molecular. En ese caso, el laboratorio sería propiedad de un integrante del Consejo Directivo del Colegio de Bioquímicos y la actual presidenta forma parte de su staff.
En tanto, también denunciaron irregularidades en la habilitación de laboratorios cuya titularidad no pertenecería a profesionales bioquímicos y que además estarían vinculados con médicos o entidades médicas, lo cual se encuentra prohibido por la ley 429-G.
También denunciaron que, avalado por la conducción del Colegio de Bioquímicos, el titular de un laboratorio actuaba como auditor sin serlo, lo cual fue constatado tras presentar notas al Tribunal de Disciplina de la entidad que respondió que el profesional no era el “auditor” sino “un colaborador activo” del Departamento de Auditoría.
Otra de las presuntas irregularidades puestas en conocimiento de la Inspección de Personas Jurídicas está relacionada en que el Colegio de Bioquímicos del Chaco promociona a la entidad como una “receptoría particular” de muestras para direccionarlas hacia un laboratorio privado de la provincia de Buenos Aires, lo que además de ir contra la legislación provincial afecta económicamente a los laboratorios locales.
También apuntan que el Colegio de Bioquímicos del Chaco solicitó a uno de sus afiliados que facture sus servicios directamente a las empresas de medicina prepaga pasando por sobre la entidad, que es la titular de los convenios prestacionales. En ese contexto, advirtieron que el Colegio de Bioquímicos “no emite facturas correctas” a prepagas y obras sociales ya que se encuentra “erróneamente” encuadrado ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) al emitir facturas de tipo C cuando deberían ser de tipo A o B. Esto motivó reclamos concretos por parte de una importante compañía de medicina prepaga.
Por último, reclaman que el Colegio de Bioquímicos del Chaco no estaría cumpliendo con su función de representar a los colegiados al no gestionar una actualización en el pago de las prestaciones bioquímicas, teniendo en cuenta el contexto inflacionario y los costos dolarizados de los insumos bioquímicos.
