Detrás de la polémica por los alumnos vestidos de rojo izando la bandera de Cuba el pasado 9 de julio hay una realidad aún más preocupante del sistema educativo del Chaco.
Así lo reveló un informe de PPT y tiene que ver con las escuelas de gestión social que funcionan en el Chaco que tiene profesores que no lo son, como Emerenciano Sena.
Tal como lo había publicado NOVA, una bandera de Cuba flameando junto a la argentina en el mástil de una escuela en Chaco hizo hablar a todo el país. Se repitieron las discusiones en torno a las fotos de alumnos de la Escuela de Gestión Social número 2 de Resistencia vestidos con guardapolvos rojos que llevan estampadas la cara de Ernesto Che Guevara. La reacción inmediata fue de rechazo, pero detrás de esas imágenes apareció una discusión mucho más profunda: ¿qué pasa con la educación chaqueña?.
Las escuelas de Gestión Social son una de las cuatro modalidades educativas contempladas por la provincia. Existen escuelas de gestión estatal, las llamadas escuelas públicas; escuelas de gestión privada; las escuelas de gestión comunitaria indígena y las escuelas de gestión social. Estas últimas, fueron incorporadas en la ley de educación nacional de 2006 y si bien en muchas provincias se reglamentaron y funcionan correctamente, eso no sucede en Chaco.
Los diputados opositores al gobernador Domingo Peppo denuncian que este modelo de escuelas fue adjudicado exclusivamente a líderes de movimientos sociales y políticos afines. La Escuela de Gestión 2, la de las fotos de la bandera de Cuba y el Che, que se llama Emerenciano, funciona en el barrio Emerenciano, del movimiento Emerenciano y cuyo líder es Emerenciano Sena, es un ejemplo de la discrecionalidad en la adjudicación de escuelas de gestión social en la provincia.
Antes cortaban las rutas y hacían casas. Cuando ese escándalo saltó a nivel nacional, les dieron estas escuelas y este fin de semana volvió a saltar en las redes sociales algo que se viene denunciando hace mucho tiempo: Sena y Marcela Acuña, su mujer, cobran como docentes, pero no lo son.
En las redes sociales esta afirmación cobra sentido con la difusión del sello del piquetero que se adjudica ser profesor y director de su escuela de gestión social.
Sí, no todos los docentes que están dando clases en estas escuelas tienen título habilitante para hacerlo y que en su lugar hay puestos ocupados por gente que nada tiene que ver con la educación.
La de Emerenciano no es la única escuela de gestión social en Chaco. La provincia reconoce 14, pero en realidad son más de 100. Es que hay un número que el gobierno provincial no informa y que es la cantidad de sedes que tienen estas escuelas, no solo en Resistencia sino también en el interior.
El gobernador Domingo Peppo estuvo ayer en Castelli y pasó por la escuela de gestión social 8. Escuela de gestión social N° 8 a cargo del movimiento “Opsa Mecha”, de Mercedes Sánchez, también piquetera.
El mandatario resaltó el trabajo que hacen desde esa agrupación "que brinda contención e inclusión generando oportunidades de formación, trabajo y un futuro digno”, dijo.
En la oportunidad, Peppo remarcó el "acompañamiento y la defensa de las escuelas sociales durante su gestión ya que asisten en la integración del sistema educativa a personas excluidas y de bajos recursos".
"Fue una defensa que hemos hecho porque atacaron algo que no conocen son personas excluidas y deben integrarse al sistema, “estos espacios de gestión social hacen esto, incluir para tener un futuro digno como cualquier ciudadano", señaló y agregó: “Agradecemos el trabajo que hacen porque se complementa con el nuestro, nosotros le podemos el pecho al a crisis y los espacios como el de Mecha sirven para contener, trabajar a pesar de la escasez de recursos y hoy vemos como chicos aprenden alguna actividad o deporte y eso es contención, formación y cultura”, concluyó.
Las escuelas fueron creadas por una ley sancionada durante la gobernación del ahora intendente de la capital chaqueña, Jorge Capitanich. Una ley que las dotó de "absoluta autonomía". Ahora, en el gobierno de Peppo pretenden recortarles ese poder a través de la sanción de una nueva ley que permita la intervención del Estado. Sin embargo, la interna política que mantienen Peppo y Capitanich por el control de la provincia, hace que el proyecto enviado por la ministra de Educación, Marcela Mosqueda, siga sin tratarse en la legislatura local.