También mencionó que, entre otras irregularidades, se encuentra la de no haber enviado los pliegos al Concejo para su aprobación, tal como lo establece la Carta Orgánica y la Ordenanza 2873.

El segundo aspecto que refiere el concejal y por la cual estima que amerita revisión de lo actuado, son los efectos que esta medida provocará sobre la movilidad en la ciudad, que atraviesa una situación de emergencia, y que ahora se verá agravada con esta decisión, sumado al impacto del 1.400 por ciento de aumento del pasaje de colectivo que redujo a la mitad las y los usuarios.

“Si durante más de 10 años de implementación del estacionamiento medido inteligente, la situación del tránsito en Resistencia no ha mejorado, ¿por qué creen que la aplicación del sistema con su ampliación y llevando la hora a 700 pesos, va a resolver el problema? Y si la idea es remediarlo al tener menos presencia de personas movilizadas en la ciudad, estarían solo resolviéndole el aspecto estético del problema y en detrimento de su propia vecindad, que queda impedida y se verá fuertemente afectada en el ejercicio de sus derechos, de sus oportunidades, de su actividad económica, etc”, expresó Bolatti.

“Estaríamos pagando más de 900 millones de pesos extras, sin justificación”

En el informe el edil desarrolla distintos aspectos del por qué no corresponde aplicar el modo de “contratación a Riesgo” al que recurrió el intendente Roy Nikisch, que permite contratar afectando una parte de la recaudación al pago de la empresa, mientras dure el contrato; y señala que es un modo poco utilizado, ya que requiere de supuestos y características de la actividad que impidan la Licitación Pública de carácter general, donde por la prestación se paga un monto determinado. “En este caso y por el riesgo que no identifican ni precisan (como lo requiere el régimen de compras), no se estaría en condiciones de saber el costo real, entendiéndose que esto lo provoca el uso de nueva tecnología, que también afectaría a los ingresos. Ante esta situación la inversión se va a pagar con el 10 por ciento de la recaudación”, indicó el concejal.

Bolatti señaló que las prestaciones de la empresa son similares a las que se venía recibiendo en el esquema implementado anteriormente (EMI): un software para cobro, uno para control de inspectores, otro para conocer si hay lugares libres, una red de pantallas led (20) para mostrar cuántos lugares libres hay por zona, y mantenimiento y asesoramiento. “Hace 13 años se anunciaba lo mismo que ahora, en la que no se puso en marcha la consulta de lugares libres y donde dos organizaciones sin fines de lucro se quedaron con un importante porcentaje de la recaudación, atada al esquema”, recordó.

En tal sentido, señaló que en esta oportunidad, la empresa se suma a un esquema que estaba funcionando, aporta desarrollos más actualizados, equipos para verificar en la calle el cumplimiento (celulares y motos), lo que podría alcanzar unos 115 millones de pesos de costo, y con lo que el sistema funcionaría como antes, pero permitiendo más formas de pago. Lo que requiere una inversión de 280 millones de pesos es el sistema de consultas y la red de pantallas led para saber si en una zona de 1500 espacios, hay libres, aunque no te dice dónde están.

“Posiblemente estos números no parezcan excesivos, y está bien, porque son los costos que calculamos que tiene la empresa para prestarnos el servicio; ahora, si hiciéramos el trabajo con alguien elegido en licitación, estaríamos pagando hoy alrededor de 1.870 millones de pesos durante los 6 años de contrato, pero como no se licitó, la empresa recibirá como pago el 10 por ciento de la recaudación, la que estimamos en base a datos oficiales rondaría los 2.780 millones de pesos, es decir, estaríamos pagando más de 900 millones de pesos extras, sin justificación”, aseveró el edil.

Pedido de reconsideración de lo hecho

Bolatti marcó que del análisis de la normativa de contrataciones, surgen requisitos, condiciones y pasos que deben realizarse para que se pueda fundar el uso de las formas especiales de pago que se autoriza dentro del modo “contratación” a Riesgo, y que si esas condiciones o requisitos, no se dan o no se cumplen, debería ser nulo el contrato.

De la misma forma, debería reconsiderarse cuando se observa que los errores e incumplimientos, generan diferencias millonarias en detrimento del municipio, que de no corregirse en esta instancia, irán perjudicando aún más en el tiempo.