El debate

Obró de miembro informante la diputada radical Zulema Wannesson, quien habló de las armas no letales, tanto de las pistolas Taser como de cualquier otro dispositivo efectivo de esas características.

El proyecto incorpora a la estructura policial como alternativa no letal ante determinados eventos e incluso del agresor o delincuente mismo. “Son armas que tienen una descarga eléctrica que son usadas sobre el cuerpo de una persona o descargando dardos que inmovilizan a una persona durante unos segundos lo que permite su arresto”, dijo la legisladora, quien habló de una “innovación”, previo a describir a las pistolas Taser como dispositivos que largan un impulso eléctrico que provoca una incapacitación muscular y nerviosa, que es eficaz más a menos a los 7 metros de distancia y también funcionan por contacto, que pueden causar menos daño a personas terceras circundantes y al personal policial. Las armas están dotadas de un equipo de video para establecer cómo fue usada.

Precisó que el Ministerio de Seguridad (autoridad de aplicación), es el facultado a elaborar un protocolo para su uso y una capacitación profunda y fuerte del cuerpo policial que va a utilizar estos elementos. Indicó, además, que la Asociación Argentina de Cardiología la toma como un arma “no letal”, y subrayó que “siempre es preferible recibir una descarga a un disparo de arma de fuego”.

Por el Frente Chaqueño, el diputado Nicolás Slimel, planteó su preocupación por la rapidez con la que se trató un proyecto faltando, según remarcó, “un sinfín de informes”. “Hablan de armas no letales y las Taser son dispositivos electrónicos de baja letalidad, no es que no son letales, son letales en la utilización, en la forma y si no se tiene los cuidados necesarios puede causar lesiones permanentes e incluso la muerte. Hay antecedentes en el mundo”, sostuvo. “Una Taser descarga cinco veces más que un boyero eléctrico legal”, acentuó para graficarlo.

Respecto del protocolo, rechazó que se “entregan facultades extraordinarias” a un Ministerio y se le quite esa responsabilidad a la Legislatura. “Necesitamos saber con precisión cómo la van a utilizar y que se pueda discutir esto”, remarcó. Y subrayó otro factor que hace a los costos que implican su uso; “estamos hablando de pistolas Taser que no descienden de los 1700 dólares. No sabemos cuántas van a comprar, para qué agentes, si va a estar en el servicio penitenciario, cómo se va a aplicar. Y por qué si hacemos algo tan imprescindible no lo tratamos con suma cautela y debate”, reparó.

Desde el Partido del Trabajo y el Pueblo (PTP), Rodolfo Schwartz, reparó en que “si nos preocupa la seguridad tenemos que ver cuáles son las causas. Creo que crece por las condiciones de vida, de trabajo y de estudio, y con la infraestructura que se tiene o no en territorio. Si crece la desocupación, si hay casi 400 asentamientos en el Gran Resistencia sin infraestructura, si se estimulan inversiones de otros lugares, si aparecen prestamistas; hay que discutir un polo productivo si queremos terminar con la inseguridad, producir alimentos que genere fuentes de trabajo. Esa es una propuesta que aborda el problema de la seguridad, no abordarlo con la base de la represión. En ningún lugar del mundo se resolvió así”.

“¿Y después de las pistolas que va a venir, las redes eléctricas para cuando la gente se junte?”, ironizó el legislador. Por último, planteó: “Estoy totalmente en contra de que se aborde de esta manera. Cómo mínimo esta ley tiene que pasar a comisión para que se siga discutiendo con seriedad”.

El radical Ernesto Blasco, autor de la iniciativa junto con Carim Peche, aclaró que el proyecto fue presentado en febrero y que la idea es darle “herramientas” a las Fuerzas de Seguridad. “Se trata de salvar vidas en cualquier contexto, todavía más en contexto de violencia”, acentuó.

Recordó al agente Ojeda del interior provincial “quien recibió una certera puñalada que terminó con su vida porque lo único que tenía encima era su arma reglamentaria de fuego”, en un intento de desarmar a un delincuente en situación de robo y aseguró que fue ese hecho el que lo motivó a avanzar con el proyecto.

Aclaró que estos dispositivos pueden usarse “incluso en personas que tiene marcapasos”. “Siempre hay riesgo de letalidad. No hay ningún dispositivo ni ninguna acción de un policía que cuando vaya detener a una persona la letalidad sea cero”, sostuvo.

“Este es un proyecto flash”, aseveró el diputado justicialista Rubén Guillón cuando hizo uso de la palabra. “No soy especialista en seguridad, pero sí un observador y un estudioso de la realidad social”, dijo y habló de la Ley de Seguridad Pública de la Provincia, con 12 años de vigencia, y de la necesidad de modificarla y actualizarla, pero también de una “realidad social” donde crecen la pobreza y la indigencia, donde “no comen nuestros niños”.

“Así como describen la baja letalidad de ese disparo, le quiero preguntar si el hambre ¿es de baja o de alta letalidad cuando tengo la panza vacía porque no comí nada? La pobreza, el desempleo ¿son de alta o de baja letalidad?”, ironizó.

“Esgrimen en la fundamentación un procedimiento, un protocolo, y dicen que se pone en vigencia un protocolo de actuación médica inmediata. Esto es inviable. No tenemos ambulancias para hospitales y vamos a garantizar la rápida asistencia cuando disparemos con al Taser. Con mi respeto, yo voy a votar para que pase a cartera. No es el momento para poner en vigencia este proyecto de ley. Pero sí podemos actualizar nuestra Ley de Seguridad Pública”, manifestó el legislador.

La diputada del Frente Grande, Tere Cubells, ratificó su postura de Comisión: “No vamos a acompañar el uso de las Taser”. Y aseguró que es un “arma letal a las personas y a la salud de las personas que reciben una descarga. Cuanto menos, constituye un elemento de tortura y casi con seguridad será aplicada para las protestas sociales, entendemos que es una de las finalidades”, advirtió.

Citó artículos científicos sobre el efecto de su uso en la salud, pero también habló de “un gasto muy fuerte” para el sistema de seguridad por sobre los de salud, educación. “Las Taser son un lujo para nuestra provincia”, rechazó.

El jefe de la bancada de JxC, Sebastián Lazzarini, recordó que es un proyecto que ingresó y se debatió en dos comisiones, “para que no nos quieran correr con la vaina del tiempo del debate”.

“Le estamos dando una herramienta adicional a la Policía del Chaco, estamos avanzando dotándolos de herramientas, de una táctica adicional”, afirmó y remarcó que “hay una decisión política detrás de esto, del gobernador Leandro Zdero, que acompaña al ministro Hugo Matkovich y al jefe de la Policía Fernando Romero, e hizo lectura a un informe del ministro Matkovich en el que habla de la capacitación y de la graduación en el uso del dispositivo”.

A su turno, el diputado Rodrigo Ocampo del Frente Chaqueño, marcó cuestiones no resueltas en materia de armas, por la Ley de Armas vigente desde los 70, y reparó en que no hay vanguardia ni se está actualizando normativa con la aplicación de las Taser. Reparó en que existe para la aprobación un informe del Ministerio de Seguridad, pero que no hay opinión ni de organizaciones, ni de Universidades, que “carece de informes”. “Quieren aprobar una ley cuyo protocolo va a venir después de la sanción de la ley”, cuestionó, así como lo hizo también en relación a los costos previstos: “Es difícil entender cuál va a ser la inversión”.

“Me parece que encriptamos la discusión de seguridad pública. Estamos discutiendo la implementación de una nueva tecnología cuando la realidad es que no hay un llamado a licitación para la adquisición de patrulleros y con un 30 por ciento de crecimiento de los hechos delictivos. No son debates secundarios. Estamos llegando o tarde o mal a un problema creciente en la provincia del Chaco”, señaló.

“Hay que pensar en políticas de desarrollo económico y justicia social”, apuntó Ocampo y planteó que la incorporación de nuevas tecnologías como solución alternativa vaya de la mano de políticas integradoras en materia de seguridad.

“Esta realidad social que describió acabadamente el diputado Schwartz (en cuestión previa al hablar de la pobreza extrema), nos golpea día a día cuando, son seres humanos, familias, nuestros chicos que no comen”, expresó y concluyó: “Si esta realidad social no existiese no haría falta llegar a estas pistolas”.

El diputado del Frente Integrador, Darío Bacileff Ivanoff, defendió el debate en la comisión de Legislación General a lo largo de seis meses. “Decidimos tomar una decisión porque ya no pasaba porque faltara un informe sino por cuestiones ideológicas que ningún informe iba a cambiar”, acentuó.

Citó al doctor Eugenio Zaffaroni y en su posición en favor de su aplicación, “con la necesaria racionalidad del uso de la Teser”. “Desde el Frente Integrador estamos convencidos que la seguridad debe ser prioridad para un gobierno. Soy un convencido que en esta provincia hacía falta devolverle respaldo político a las Fuerzas de Seguridad, de la mano del control y el rol de tarea de combate al delito”.

Advirtió que no hay convocatoria del Consejo de Seguridad ni a los Foros de Seguridad Vecinal en los municipios. No obstante, apoyó la ley para dotar de estos elementos de seguridad a las Fuerzas.

La diputada del Frente Chaqueño, María Pía Chiacchio Cavana, celebró el debate y lamentó que no se de en el marco del Consejo de Seguridad. “Esta discusión se está dando en un contexto donde se está discutiendo bajar la edad de imputabilidad los 13 años. Menos del 3 por ciento de los delitos se dan en manos de niños de 13 años o menos”, dijo.

Habló de 7 millones de niños y niñas en situación de pobreza y aseguró que “nunca la respuesta es que podamos debatir sobre las causas que hacen que los hechos de inseguridad aumenten. La inseguridad en los barrios obedece a un sinfín de causas y cuando más aumento en los índices de pobreza, de indigencia, de desempleo, más aumentarán los de inseguridad”.

“Este proyecto se enmarca en una discusión muy rápida que se pretende dar. No viene a resolver los problemas de inseguridad y no está claro el plan de seguridad del gobierno provincial ni de dónde van a salir los recursos”, afirmó la legisladora y recalcó: “Para mí el problema no son las Taser”.

La diputada justicialista, Mariela Quirós, ratificó en un todo la posición de sus pares de bloque y aseguró que el crecimiento de la inseguridad y de los hechos delictivos van de la mano de la falta de una política social que contenga sobre todo la cuestión alimentaria. Pidió una discusión sobre la seguridad pública “como un todo” y no generando “parches con títulos que no resuelven nada y empeoran las crisis sociales”.

Por el bloque NePAR, Juan José Bergia, también cuestionó la incertidumbre sobre los costos y la cantidad de armas que serán puestas en manos de las Fuerzas. Planteó la problemática de la pobreza, pidió precisiones sobre el uso previsto, la capacitación al personal que las va a usar. “¿Está en condiciones la provincia de hacer este gasto millonario?”, dijo y recordó que en otras provincias se está discutiendo dejar de usarlas justamente por el gasto que implica. “El problema de la inseguridad va a seguir creciendo, hay una desesperación que no se ve. Está complicada la cosa. No es marginación y descarte y una Taser y se solucionan los problemas”, rechazó el legislador y aseguró que “el tiempo nos dará la razón si la implementación de las Taser era una solución al problema de seguridad en la provincia”.

El diputado radical Carlos Salom rescató la investigación y el estudio de los autores del proyecto. “Defiendo a ultranza la vida y entiendo que esta es una forma de defenderla. Y estoy del lado de la institución de los servidores públicos en seguridad, lo mismo que un bisturí bien usado puede salvar una vida”, sostuvo.

“Desde el gobernador para abajo entendemos en terreno claramente la situación de angustia, de abandono, de enfermedades sociales. A casi 9 meses no pudimos todavía dar luz a lo que queremos. Esta ley no va a solucionar esto que es crónico en la sociedad, pero si es para evitar males mayores”, defendió y aseguró que “estas leyes mitigan los dolores de nuestra sociedad. Y hay que tomar decisiones, el hacernos cargo es tomar decisiones a veces que no son las más simpáticas para encaminar un gobierno que pretende vivir en paz y dentro de la ley”.

El diputado justicialista Santiago Pérez Pons aseguró que “las respuestas a los problemas complejos tienen que ser integrales para que puedan cambiar. No podemos resolver así los problemas de la seguridad pública”.

Cuestionó que no se haya presentado el Plan General de Seguridad Pública, dijo desconocerlo, y que no se haya convocado al Consejo de Seguridad. “El problema de la seguridad es multidireccional. La situación social es parte de que hoy tengamos índices de inseguridad mucho más altos. Frente a esa circunstancia que seguramente a ustedes les preocupa como a nosotros hay que buscar soluciones multidireccionales con una convivencia democrática en ese proceso”, manifestó.

“Mi mayor critica es que esto no resuelve nada la situación problemática que tenemos hoy. No estoy en desacuerdo con la ley sino en la implementación. Pensemos por lo menos en mirar a quienes no lo hicieron tan mal, hay muchas personas que saben de esto propongo por lo menos si ese protocolo pueda pasar por la cámara o se arme una comisión que sea la que vote y que no pase así”, sostuvo.

Adelantó su acompañamiento al proyecto, pero aclaró: “Siento que esto no resuelve nada”.

El diputado de JXC, Iván Gyoker, coincidió con que la inseguridad debe ser abordada de manera multidireccional. Dijo que esto tampoco lo resuelve, pero son medidas alternativas. Las medidas aisladas no resuelven el problema de la inseguridad”, dijo y enumeró una serie de acciones gubernamentales que buscan atenuar este escenario. “Ayudan y complementan”, dijo y pidió incorporar a la ley la posibilidad de adquirir no solo Taser sino otros dispositivos eficaces que “aporten un grano de arena a la lucha contra la inseguridad”.