La causa está a cargo de Carlos Amad, fiscal federal subrogante de Roque Sáenz Peña, quien comenzó a investigar en febrero de 2023 luego que Ana María Canata denunciara que en su pueblo había al menos 800 pensiones "truchas". Ese número, debido al reducido territorio, representa aproximadamente el 10 por ciento de la ciudad, dado que viven apenas 9000 personas.

La mujer afirmó frente a la justicia que "se falsificaron documentos y certificados" y le dio al fiscal "los nombres de dos o tres personas que se encargaban de hacer estas maniobras", según detalló el propio Amad ante los medios. Ante la denuncia, el fiscal pidió que se realicen allanamientos en distintos pueblos del municipio y allí se encontraron tres tipos de cuadernos donde estarían los registros de los vecinos que solicitaron cobrar dinero del Estado de manera ilícita.

"Estamos en 740 pensiones inválidas, truchas, otorgadas de modo irregular", dijo Amad, quien tras de los allanamientos determinó que hay 13 personas que "intervinieron directamente en estas gestiones". Entre los denunciados, está el propio intendente de la ciudad y su hija que es la que habría facilitado los certificados truchos a través de su puesto como delegada de ANSES.

Sobre la acusación que pesa en su contra, la hija del intendente respondió: "A mí no me parecía que hubiera documentos que la vinculen, pero después de las indagatorias, los demás imputados le contaron al juez que esta señora y el equipo que comandaba en ANSES tenían que ver con esto". Sin embargo, las pruebas que afirma estar recolectando el fiscal parecieran ser contundentes.

"Muchas personas nos dijeron que les cobraron para eso. Hay personas que aparecen en los cuadernos, que están cobrando un beneficio, que nos dijeron que recibían un pago por esto", detalló Amad y concluyó: "Hay gente que dice que el intendente le decía anda a verlo fulano, a otros le pedían el DNI, hay otras personas que él iba a ver. Hay familias enteras que estaban cobrando el beneficio".