"Dieron a conocer fechas y condiciones en que la empresa Santa Elena, dueña de los camiones compactadores, iba a prestar el servicio en lo que resta del año, lo que habría sido informado al Sindicato de Camioneros que venía siguiendo el tema, ya que 70 trabajadores relacionados directamente, son parte de la entidad gremial", señalaron.

"La incertidumbre se multiplicó con las últimas decisiones y declaraciones del oficialismo municipal, tanto públicamente como en reuniones de partes, que generaron inconvenientes en la prestación del servicio en primer lugar, agravado por la decisión del gobierno de Nikisch de utilizar camiones en mal estado y con personal irregular como reemplazo, justificado en un supuesto conflicto de la empresa con los trabajadores", mencionaron los concejales.

Sin embargo, según denuncias públicas y privadas que tomaron estado formal en el Parlamento local, estas medidas de fuerza del personal no habrían existido, sino que el conflicto se habría dado cuando el municipio decidió, de manera abrupta y sin negociación previa, anunciar la finalización del vínculo, poniendo en peligro el servicio de recolección de residuos y la fuente de ingresos de los trabajadores recolectores.

Por lo expresado, los dos bloques opositores en el Concejo Municipal elevaron un pedido de informe, a fin de conocer la documental y las decisiones tomadas por el Ejecutivo, ante un inminente cese definitivo en los servicios por parte de la empresa, "dado el abandono que esta situación podría significar para quienes en forma presencial garantizan la real prestación contratada; y respecto del personal sobre la cual el Municipio podría tener responsabilidad y obligaciones que surgirían del propio contrato firmado oportunamente", explicaron.

"El intendente tiene la obligación de informar sobre el manejo de los recursos públicos y los actos de gobierno. No obstante, la gestión se lleva adelante dentro de un gran hermetismo, lo que está fuera de sus derechos", expresaron los concejales.