Se impuso finalmente con 16 votos contra 12 el del bloque oficialista. Su principal finalidad es, tal como lo remarcó el diputado que obró de miembro informante, “terminar con la intermediación en la entrega de cualquier beneficio social, ya sea de viviendas, créditos, dinero, subvenciones, mercaderías, herramientas o materiales de construcción”.

Expresamente la ley “prohíbe” a terceros sean organizaciones o todo tipo de persona física o jurídica participar de los procesos de sección y asignación de dichos beneficios. Y deja solo a las autoridades estatales provinciales y municipales como únicas a cargo en estos procesos.

La norma excluye de esta prohibición a aquellas ayudas que son “esenciales para el mantenimiento del andamiaje social, como comedores escolares o comunitarios”.

Dispone de la creación de un canal de denuncias anónimas por vía de la Fiscalía de Investigaciones administrativas (FIA).

Determina que el Ejecutivo deberá normar criterios objetivos y universales de selección de los beneficiarios, de manera imparcial y eficiente.

Además, establece que deberá determinarse un plazo de la duración de dicho beneficio, salvo en casos precisos exceptuados en la norma. Y una contraprestación por el otorgamiento que podrá ser una actividad laboral, educativa, de control médico, odontológico, nutricional, o cualquier otra actividad que tienda a la inclusión social y laboral del beneficiario.

El debate

El diputado Ivan Gyoker del interbloque de Juntos por el Cambio fue el miembro informante del proyecto que firmó junto a un grupo de legisladores de esa bancada.

Afirmó que una de las cuestiones principales tiene que ver con “establecer criterios para que no vuelva a haber discrecionalidad para ver quien recibe o no beneficios. Y generar bases de datos o registros para la asignación de recursos o asistencia”.

“Esto no tiene que ser perpetuo”, acentuó el legislador y aclaró sobre la contemplación de casos puntuales. “Entendemos que es necesario virar hacia un sistema donde se priorice la capacitación. Necesitaos darles herramientas y generar un marco de oportunidades a través de la educación y la capacitación”, agregó.

“Este marco regulatorio va a hacer que ningún gobierno vuelva a convertir el Ministerio de Desarrollo Humano o de Desarrollo Social en el cajero de los piqueteros”, aseveró y más adelante dio lectura a sendas denuncias de miembros de organizaciones sociales, textuales, y aseguró que el 67 por ciento de las denuncias fueron de mujeres.

“Nosotros si queremos darles libertad, dignidad, oportunidad a nuestros comprovincianos chaqueños tenemos que ponerle límites al Estado para que no vuelvan a aparecer funcionarios que vengan a tener a la gente como rehenes sujetos a los gerentes de la pobreza que los obligan a hacer cosas irreproducibles en algunos casos. Necesitamos ponerle límites al Estado para que estas cosas no vuelvan a pasar”, dijo y pidió el acompañamiento a sus pares.

Le continuó María Pía Chiacchio Cavana, diputada del Frente Chaqueño y exministra de Desarrollo Social quien además de ser informante del proyecto de su interbloque, el proyecto 1169, destacó el de autoría de Darío Bacileff Ivanoff, del Frente Integrador, y el trabajo que articularon “para unificar un despacho que nos permita establecer un marco normativo que determine las condiciones para poder otorgar o excluir a una persona de cualquier tipo de transferencia social directa”. “La provincia del Chaco no otorga beneficios sociales”, aclaró en torno al proyecto informado por su par preopinante, marcando así “un error terminológico grave”.

“Es necesario acreditar la situación de vulnerabilidad o de riesgo social y, me parece que es una ausencia grave en el proyecto del oficialismo no contemple la necesidad de que la persona o grupo de personas que reciben algún tipo de asistencia del Estado realmente la requieran”, apuntó.

Explicó que el proyecto contempla prioridades para la asistencia social, en un contexto con un 57 por ciento de pobreza y un 17 por ciento de indigencia. “En ese universo es necesario poder delimitar quienes tienen prioridad: mujeres, personas gestantes, identidades diversas, personas con discapacidad, comunidades indígenas y trabajadores por debajo de la línea de la pobreza”.

“Una ayuda no puede ser para toda la vida, el objetivo de la política social debe ser la emancipación y el empoderamiento de la persona con planes de estudio y posibilidades de acceso al trabajo. Pero aquí es central el rol de profesionales de las ciencias sociales que acrediten con informes técnicos una situación de vulnerabilidad”, explicó.

Comentó que el proyecto exceptúa de toda ayuda a personas con sentencia firme por delitos contra la vida, la integridad física o sexual, de trata, de lesa humanidad. “Pero también ilícitos penales cometidos contra la administración pública o de justicia”, agregó.

Acceso a la formación profesional, reconocimiento de oficios, acceso al trabajo son otros ejes que explicó de la iniciativa.

En este contexto, cuestionó que se hayan eliminado los programas que promovían el acceso al empleo de beneficiarios de programas sociales: Más Empleo Chaco, Empleo Cuidado y Mi Trabajo.

“En los últimos cuatro años fuimos la gestión del país que mayor cantidad de planes sociales logró reducir”, remarcó y recordó que también formalizaron un 0800 para denuncias con automática intervención de las fiscalías.

“En la mayoría de los casos que mencionó el diputado preopinante yo he sido quien denunció a esos referentes sociales. Y el mismo equipo del Ministerio de Desarrollo Social”, sostuvo y aseguró que “la mayoría de las personas que hoy se encuentran privadas de su libertad, condenadas o procesadas, lo están a instancias de denuncias de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros o por Desarrollo Social o por el Ministerio de Seguridad. Y es un dato que adrede no lo dicen”.

Desde el Frente Grande, Tere Cubells cuestionó “el oportunismo político del discurso oficialista, no nos sorprende para nada”. Remarcó la necesidad de “condenar y castigar con todo el peso de la ley” a todo tipo de abuso, pero rechazó que “se vincule a un proyecto político con casos puntuales”. “Es oportunista, no se debe legislar con oportunismo”, manifestó. Destacó de la iniciativa de su bloque “la mirada de perspectiva de género, diversidad, niñeces y derechos humanos en una provincia con los perores indicadores y los beneficios sociales son centrales para la vida diaria de miles de personas, su regulación debe ser cuidadosa y delicada”, dijo y ratificó el voto de dicha iniciativa.

Por el Partido del Trabajo y del Pueblo, Rodolfo Schwartz, adelantó que no acompañaría ninguna de las propuestas puestas en debate. Rechazó que el punto de partida del proyecto del oficialismo sea el de “terminar con los intermediarios, los gerentes de la pobreza” y no de dar respuesta a “las necesidades crecientes de hambre, desocupación”.

“Acá se persigue a los cayeron en la peor circunstancia por una política de la que no se hacen cargo. (…) Es una bajeza muy grande la de tratar de enlodar a todas las organizaciones porque no decimos que todos son lo mismo. Ni por una intendenta todos los intendentes van a ser estafadores”, cuestionó el legislador.

Aseguró que desde 2001 a esta parte, “ninguno de los gobiernos han podido resolver”. Y que justamente en esos años también surgen “las más grandes luchas de las organizaciones que empezaron con mollas populares y que se fueron organizando. Surgen los planes y surgen las organizaciones sociales”.

En otro pasaje de su intervención, se preguntó si la Sociedad Rural no es intermediaria de los ganaderos y, en el mismo sentido la Unión Industrial.

“Hay organizaciones que se autosostienen como se sostiene una iglesia. Una cosa es eso y otra es que estafen a los compañeros. Nosotros no defendemos a los estafadores, ni a los ladrones, ni a los violadores”, aseguró y añadió que también “se arman juicios para demonizar”.

“Estoy en contra de esta propuesta, si quieren resolver universalicemos una App del Banco del Chaco que permita comprar mercadería para que no haya un solo chaqueño debajo de la línea de indigencia. Y que con esa App le compre a los pequeños y medianos productores que hoy están fundidos y no saben cómo quedarse en el campo. Ahí estaría la creatividad, pero resulta que el problema son los intermediarios. Las organizaciones que están mal que paguen lo que tengan que pagar. Se pierde la dignidad cuando no se lucha contra la injusticia”, sostuvo.

Le continuó el diputado del Frente Chaqueño, Santiago Pérez Pons consideró al proyecto del oficialismo pasible de veto por parte del Ejecutivo. “Va a tener grandes complicaciones y voy a mencionar algunas”, dijo el legislador justicialista.

Señaló que la iniciativa menciona al Ejecutivo provincial, pero también a los municipios, “no creo que sea esta Cámara la que determine a un municipio un beneficio social”.

Mencionó también que “si esta ley hubiese salido hace un mes, todo el Estado debería estar denunciado porque se entrega beneficios a consorcios, a productores regionales, a ciertas entidades, que después distribuyen semillas, por ejemplo. El Ministerio de Desarrollo Humano entrega materiales a ciertas organizaciones para que distribuyan en el territorio, lo mismo hacen con iglesias y hasta con centros de estudiantes. Todo eso está prohibido acá”. “Han nombrado titulares del programa Ñachec a excandidatos que no ganaron elecciones, en municipios donde no gobiernan, y ellos se dedican a entregar mercaderías, ladrillos, colchones a las personas que quieran. Sin ser funcionarios”, agregó.

“Hablan de universalidad. Yo veo esto y me imagino que el gobernador le pedirá a Desarrollo Humano que universalice la Renta Mínima”, marcó.

También notó la “incompatibilidad” de la FIA con competencias de control sobre esta ley, “nada tiene que ver con esto”. Y respecto de las sanciones, reiteró que incluso hay fotos con la ministra de Desarrollo Humano entregando leche o materiales de construcción “a personas y organizaciones”.

Su par del interbloque del Frente Chaqueño, Rodrigo Ocampo, trajo a colación las políticas públicas implementadas por el expresidente Néstor Kirchner para mejorar indicadores sociales, “porque los proyectos en discusión tienen que ver con mejorar las condiciones sociales en la provincia del Chaco”. Por fuera de la evacuación de cualquier espacio político sobre la situación que atraviesa hoy el país, el legislador tomó como base indicadores de UNICEF Argentina, “que en el último informe menciona que uno de los sectores más afectados por la pobreza son los vinculados a las infancias. Y eso se mide sabiendo cuántas comidas se hacen en el día. Los que están por debajo de la línea de pobreza comen una o dos veces en el día, los que están por debajo de la indigencia una o ninguna”.

Respecto al punto referido a los intermediarios, señaló que la en el artículo 52 de la Constitución provincial “se determina que la cooperación libre es la que permite que el Estado se vincule de manera permanente con aquellos sectores que representan al tercer sector, que son los intermediarios. Es llamativo porque están poniendo en el ojo de la discusión a los clubes, las escuelas, las cooperadoras, las cooperativas. Estaremos en un foco de denuncia contra denuncia respecto de quién entrega los beneficios sociales”, apuntó. “Constitucionalmente ya está determinado que el Estado provincial tiene facultades necesarias para establecer un marco de coordinación con los sectores intermedios”, reforzó. Para Ocampo, “no están ni por cerca de ser los funcionarios de territorio que el gobernador dice que son, son amateurs en un montón de cuestiones, dejaron los dedos marcados estos seis meses y con esta ley quieren resolver una situación que a mi entender ya es complicada”. “No creo que esta ley mejore los indicadores sociales de la provincia”, aseguró.

El diputado justicialista Nicolás Slimel cuestionó la necesidad de “buscar un rédito político y no una política de Estado que le sirva a todos los chaqueños”. “Esto tiene que ser un paso decisivo que deberíamos haber tomado todos para garantizar que el Estado definitivamente pueda llegar a quienes realmente lo necesitan. Esto genera dudas porque pretenden sacar el vínculo de las asociaciones o de las organizaciones sociales, pero pretenden darle ese vínculo a quien pertenezca a un partido político, a través de un puntero al que se le da un contrato del Estado y genera el mismo vínculo de representación que puede tener una organización social”, advirtió el legislador que posteriormente resaltó los puntos salientes del proyecto de autoría de su espacio político y puso como ejemplo de ello el programa que se creó para trabajadores canillitas “que cumplieron con su capacitación y los requisitos que se requerían, eso es una política de Estado”. “Planteamos la eliminación de los intermediarios de las transferencias sociales. Pero, insisto, no poniendo otros intermediarios o reemplazando a los que están porque no militan políticamente con nosotros”, apuntó.

Fue este legislador quien mocionó que la votación de los proyectos en danza sea a mano alzada.

Cerró el debate el diputado y jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Sebastián Lazzarini. “Hay que entender que la democracia es el mejor sistema en el que vivimos. Y existió un 17 de septiembre. No todo tiene que ser una máquina de decir no, de plantear cosas. No pretendo justificar estos meses de Gobierno, pero cualquier iniciativa de este gobierno es cuestionada por quienes estuvieron 16 años en la gestión. Y la gente no los eligió, eligió a un gobernador que tiene un norte y una manera diferente de conducir que hasta nosotros mismos la estamos conociendo”, manifestó y añadió: “ahora cuestionan todo el programa Ñachek”.

“Van a tener que aguantar a este Gobierno y a nosotros como diputados oficialistas y a quienes él elija como funcionarios. Soy respetuoso de las minorías porque me ha tocado. En Castelli he competido y he perdido. Y estoy muy tranquilo de lo que pudimos hacer. Pero a nivel provincia hoy es el tiempo del arquitecto y el gobernador Leandro Zdero por más que les pese y quieran tener ahora cuantas iniciativas y proyectos con la solución. Háganse cargo de la provincia que gestionaron en los últimos cuatro años”, cerró no son antes adelantar el acompañamiento a la moción de Slimel para votar a mano alzada.