El pasado miércoles Niremperger firmó la resolución en la que declara la incompetencia de la causa caratulada “Pascua Liliana del Carmen s/ Defraudación contra la Administración Pública, expediente FRE 3493/2020”, alegando “una cuestión geográfica” y ahora el expediente debe ser tramitado en el Juzgado Federal de Sáenz Peña.

Y explica: “Teniendo presente que el presunto delito denunciado se habría sido cometido en la localidad de Enrique Urien situada dentro del departamento de mención, corresponde remitir el expediente al Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, el cual posee aptitud para ejercer jurisdicción en el caso concreto”, fundamenta la jueza Federal de Resistencia.

Niremperger marca que corresponde así “declinar la competencia de esta magistratura para entender en los presentes obrados a fin de la tramitación y profundización de la investigación del presunto ilícito”.

La denuncia se inició tras la investigación del portal Infoqom que fue tomada por el diputado provincial de la UCR Alejandro Aradas quien realizó la presentación ante la Justicia. Y luego, incluso realizó una ampliación de la denuncia penal cuando viajó hasta Urien y continuó juntando elementos. Esto es las declaraciones de un exfuncionario de Pascua que ya la había denunciado ante el Tribunal de Cuentas y los testimonios y documentaciones aportadas por changarines que habían recibido intimaciones de la AFIP para pagar “Ganancias” por facturaciones que ellos nunca cobraron.

Es decir que a Pascua se la investiga por “defraudación” y “manejo” a su conveniencia de las viviendas destinadas a sectores vulnerables que “relocalizó” y adjudicó a su entorno familiar y a ella misma pero además por “defraudación” con la emisión de facturas para la construcción de obras a nombre de terceros que nunca recibieron un peso.

Aradas acusó a Pascua de autoadjudicarse una de esas viviendas sociales, además de entregar varias más a parientes y allegados, entre ellos su cuñado, su tío, su madre y la expresidenta del Consejo Deliberante, Adela Szulak. En total, son seis las viviendas observadas.

Luego, el legislador amplió su denuncia el 20 de octubre ante la Fiscalía. En esa oportunidad, hizo referencias a supuestas irregularidades en las facturaciones presentadas y en las contrataciones de las empresas constructoras de dichas obras.

Asimismo cabe la investigación por enriquecimiento ilícito y el patrimonio de Pascua está en la mira porque de tener una vivienda humilde cuando era monotributista pasó a tener una mansión en Villa Ángela siendo intendenta y con un sueldo promedio de 80 mil pesos.