El diputado Carlos Martínez es denunciado penalmente por quitarles un porcentaje a los trabajadores Beneficiarios del PROCIC de Quitilipi y Sáenz Peña denunciaron al diputado por amenazas y cobro de “peaje”. El conjunto de beneficiarios que presentó este lunes su denuncia.

El "movimiento" a que hacen referencia, aclara Pinto, es Libres del Sur, del que el grupo ya no forma parte. Dice que el distanciamiento se debió por un lado a la dificultad de los alfabetizadores de hacer los aportes mensuales exigidos, y por otro "al uso político" que la organización hacía de ellos "para ir a los actos y a las marchas en vez de alfabetizar, con el riesgo de perder el beneficio si no estaban cuando se pasaba lista".

La denuncia cuyo facsímil se reproduce en esta nota lo explica: "Las amenazas son efectuadas por distintas personas comendadas por el diputado provincial mencionado, siempre bajo la misma actitud coactiva de los coordinadores del programa, quienes en forma paralela son punteros del mismo". Con todo, un grupo de alfabetizadores "sigue en el movimiento porque les dijeron que si se van los sacan del programa".

Pinto aclaró que en febrero pasado se presentaron en el ministerio de Educación y el propio titular de la cartera, Sergio Soto, les aseguró que nadie les tocaría un peso ni les cortaría el beneficio (la administración provincial del PROCIC la centraliza esa área de gobierno) pero los alfabetizadores quisieron "asegurarse" presentando la denuncia en la Justicia.

"Decidimos irnos, tanto en Quitilipi como en Sáenz Peña, porque nos sentíamos esclavos, obligados a aportar todos los meses; hacen un manejo político de los beneficiarios", dijo y concluyó: "Dicen que el aporte es voluntario pero de voluntario no tiene nada".